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Obligatoriedad del canal de denuncias: qué empresas deben tenerlo

El canal de denuncias es obligatorio en España para las empresas del sector privado con 50 o más trabajadores y para determinadas entidades de sectores concretos, sea cual sea su plantilla. Lo establece la Ley 2/2023, de 20 de febrero, que entró en vigor el 13 de marzo de 2023. Si eres autónomo sin trabajadores o tu pyme tiene menos de 50, lo normal es que no estés obligado, pero hay excepciones que conviene revisar. Esta guía te explica quién debe tenerlo, desde cuándo, qué ocurre si no se cumple y cómo resolverlo sin complicaciones.

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Puntos clave

  • Están obligadas las empresas privadas con 50 o más trabajadores y las de ciertos sectores (financiero, blanqueo de capitales, transporte, medio ambiente) con independencia de su tamaño.
  • La ley exige un Sistema interno de información completo, no solo un buzón: responsable, política, procedimiento y protección del informante.
  • No tenerlo es una infracción muy grave y la autoridad sancionadora ya está operativa.
  • Un canal previo, por ejemplo el de un programa de compliance penal, puede servir si cumple los requisitos de la ley.
  • Con una auditoría gratuita de 3 minutos puedes saber si te afecta esta y otras obligaciones.

Tabla de contenidos

Quién está obligado a tener un canal de denuncias

La norma habla de “Sistema interno de información” (SII). El artículo 10 de la Ley 2/2023 obliga a tres grupos del sector privado y de su entorno:

  1. Personas físicas o jurídicas del sector privado con 50 o más trabajadores. Es el supuesto más habitual.
  2. Personas jurídicas del sector privado que entren en el ámbito de los actos de la UE sobre servicios financieros, prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, seguridad del transporte y protección del medio ambiente, aunque tengan menos de 50 trabajadores.
  3. Partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y las fundaciones creadas por ellos, cuando reciban o gestionen fondos públicos.

Además, el artículo 13 obliga a todas las entidades del sector público.

La Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI) precisa en su página sobre el SII y en sus preguntas frecuentes que, en el sector privado, la obligación afecta a quienes tienen 50 o más trabajadores y una presencia organizativa o establecimiento efectivo en España.

Si tienes menos de 50 trabajadores

El umbral se mide por plantilla contratada, así que cuenta bien. Un negocio con una plantilla ajustada, como un taller mecánico, debe revisar cuántos trabajadores tiene realmente antes de decidir; si quieres ver cómo otro sector digitaliza sus obligaciones, hay una guía sobre facturación electrónica para talleres.

Pero el tamaño no lo es todo. Según las preguntas frecuentes de la AIPI, cualquier persona jurídica sujeta a la normativa de prevención del blanqueo de capitales debe implantar el sistema con independencia del número de empleados. Eso alcanza, cuando son personas jurídicas, a inmobiliarias, joyerías, auditores y asesores fiscales.

Sectores obligados sin importar el número de empleados

Qué ocurre con los autónomos

La misma fuente aclara que los autónomos, como personas físicas, no están obligados salvo que tengan 50 o más trabajadores. Un autónomo sin plantilla o con pocos empleados puede dormir tranquilo en este punto, aunque sí tendrá otras obligaciones, como la protección de datos, que conviene tener al día.

Grupos de empresas

Si formas parte de un grupo, la ley permite que la sociedad dominante apruebe una política general y que el sistema se comparta con las filiales, respetando la independencia y la confidencialidad. Si gestionas varias empresas o eres gestor de clientes, conviene revisar cada una por separado, porque cada sociedad puede estar en un supuesto distinto.

Desde cuándo es obligatorio

La Ley 2/2023 entró en vigor el 13 de marzo de 2023 y transpone la Directiva (UE) 2019/1937. La propia ley dio un margen de adaptación en sus disposiciones transitorias: tres meses para las entidades obligadas con carácter general, hasta el 13 de junio de 2023, y hasta el 1 de diciembre de 2023 para las empresas privadas de 50 a 249 trabajadores. Ese plazo ya ha vencido para todos.

Lo que importa hoy es esto: si tu empresa está dentro del ámbito, ya debería tener el sistema funcionando. Si empezaste a contar trabajadores y has cruzado el umbral de 50, la obligación te alcanza desde ese momento, así que conviene vigilar la plantilla.

Desde cuándo es obligatorio

Qué exige la ley a un canal de denuncias

La AIPI insiste en que el SII no es un simple buzón. La ley dedica todo su título II a describirlo. Según el artículo 5.2, el sistema debe:

  • Permitir que todas las personas del artículo 3 (trabajadores, autónomos colaboradores, accionistas, proveedores y otros) comuniquen información.
  • Estar diseñado de forma segura, garantizando la confidencialidad y la protección de datos.
  • Admitir comunicaciones por escrito o verbalmente.
  • Integrar los distintos canales internos que ya existan.
  • Ser independiente y diferenciado de los sistemas de otras entidades.
  • Contar con un responsable del sistema.
  • Tener una política o estrategia publicitada y un procedimiento de gestión de las comunicaciones.
  • Garantizar la protección de los informantes.

Sobre las vías de comunicación, el artículo 7 prevé comunicaciones escritas, por correo postal o medio electrónico, o verbales, por teléfono o mensajería de voz. Si el informante lo pide, debe poder reunirse en persona en un máximo de siete días.

El responsable del sistema

El artículo 8 regula al Responsable del Sistema Interno de Información (RSII). Puede ser una persona física o un órgano colegiado, y su función principal es gestionar el sistema siguiendo el procedimiento aprobado, según la AIPI. Debe ser alguien que pueda actuar con independencia, sin conflictos de intereses.

Anonimato y confidencialidad

El canal debe permitir denuncias anónimas y proteger la identidad de quien informa. Tenemos una explicación más detallada en nuestro artículo sobre qué exige la Ley 2/2023 en un canal anónimo.

Protección frente a represalias

La ley prohíbe las represalias contra el informante y, si se discute una medida adversa, traslada a la empresa la carga de probar que no guarda relación con la denuncia. Es un punto que el responsable debe tener muy claro, porque un despido o un cambio de condiciones posterior a una denuncia puede ser objeto de revisión.

Qué pasa si no se cumple: sanciones

No disponer de un Sistema interno de información en los términos exigidos por la ley está tipificado como infracción muy grave en el artículo 63. Las cuantías están en el artículo 65 de la propia ley y se gradúan según la gravedad y según si el infractor es persona física o jurídica:

Gravedad Persona física Persona jurídica
Leve 1.001 a 10.000 € Hasta 100.000 €
Grave 10.001 a 30.000 € 100.001 a 600.000 €
Muy grave 30.001 a 300.000 € 600.001 a 1.000.000 €

La autoridad que sanciona es la Autoridad Independiente de Protección del Informante (A.A.I.), que ya está en funcionamiento. Más allá de la multa, un canal inexistente deja a la empresa sin una vía interna para detectar problemas antes de que lleguen a una inspección, a un juzgado o a los medios.

Si ya tenías un canal antes de la ley

Muchas empresas tenían un canal de denuncias por su programa de compliance penal o por un código ético. La disposición transitoria primera permite que esos canales sirvan, siempre que se ajusten a los requisitos de la ley. En la práctica, conviene revisar cuatro cosas: que haya un responsable designado, que exista una política publicada, que el procedimiento tenga plazos y que se proteja al informante. Si falta alguna, se completa sin empezar de cero.

Cómo implantarlo paso a paso

La guía práctica de la Confederación de Empresarios de Galicia propone un plan básico en tres fases, que adaptamos aquí:

  1. Diseño y aprobación por el órgano de gobierno. Nombra al responsable del canal, decide si lo gestionas internamente o con un tercero (artículo 6), aprueba la política y el procedimiento, elige la plataforma y consulta previamente a los representantes de los trabajadores si los hay.
  2. Implantación. Inserta el canal, la política y el manual de gestión en la web corporativa e integra los canales que ya tuvieras.
  3. Comunicación y formación. Informa a toda la plantilla y forma a las personas que intervienen en la gestión.

La AIPI publicó además la Recomendación 1/2026 sobre el diseño e implementación del sistema, que detalla las características mínimas de un canal bien diseñado. Merece la pena tenerla a mano si eres gestor y llevas varios clientes.

Errores frecuentes que conviene evitar

  • Pensar que basta con una dirección de correo compartida sin procedimiento.
  • No dejar constancia por escrito del nombramiento del responsable.
  • Publicar el canal en un lugar poco visible de la web.
  • No informar a los trabajadores ni formar a quien gestiona las comunicaciones.
  • No registrar las denuncias recibidas ni su tramitación.

Otras obligaciones que suelen ir de la mano

Un canal de denuncias rara vez va solo. Según tu sector y tu tamaño, puede relacionarse con otras obligaciones en España:

  • Protección de datos (RGPD y LOPDGDD): el canal trata datos personales, por lo que necesita su base de privacidad, el registro de actividades y, cuando corresponda, delegado de protección de datos.
  • Prevención del blanqueo de capitales: quien está sujeto a ella debe tener canal aunque sea pequeño, como hemos visto.
  • Compliance penal: el canal es una pieza habitual de un modelo de prevención de delitos.
  • Protocolos de acoso sexual, por razón de sexo y acoso laboral, plan de igualdad y plan LGTBI: las denuncias internas suelen canalizarse por aquí.
  • Registro de jornada, teletrabajo, desconexión digital y conciliación: obligaciones laborales que también se revisan en una inspección.
  • Prevención de riesgos laborales, registro y auditoría retributiva: áreas donde las empresas con plantilla suelen tener obligaciones documentales.
  • NIS2, Esquema Nacional de Seguridad y Reglamento europeo de Inteligencia Artificial: relevantes si tu empresa trata información sensible o usa herramientas de IA.
  • Plan de movilidad sostenible, huella de carbono, envases (RAP) e información no financiera: obligaciones ambientales y de reporte que dependen del tamaño y la actividad.
  • Formaciones obligatorias: por ejemplo en protección de datos o igualdad, que conviene documentar.

No todas te afectan a ti. Por eso lo sensato es empezar por saber cuáles te corresponden.

Nuestra visión

Vemos a diario que la mayoría de las pymes no incumple por mala fe, sino porque nadie les ha explicado qué les toca. Con el canal de denuncias pasa igual: se confunde con un buzón de correo y se deja para después.

Nuestro criterio es práctico. Primero, detectar qué obligaciones tiene tu empresa con una auditoría gratuita de 3 minutos. Después, generar la documentación adaptada a tu empresa y mantenerla al día cuando cambie la normativa. Los procesos los han diseñado abogados especializados en compliance, y esa base jurídica es lo que permite que un autónomo, una pyme o una gestoría resuelvan estas obligaciones sin depender de consultorías largas y costosas.

Creemos que cumplir debe ser accesible. Por eso trabajamos para que tener el canal, la política y las evidencias listas para una inspección sea un trámite de minutos, no de semanas.

Diego

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Preguntas frecuentes

¿Un autónomo está obligado a tener canal de denuncias?

No, salvo que tenga 50 o más trabajadores, según las preguntas frecuentes de la AIPI. Hay una excepción en materia de blanqueo de capitales, que se aplica a personas jurídicas sujetas a esa normativa. Si tienes dudas sobre tu caso, la auditoría gratuita te lo aclara.

¿Cuántos trabajadores hay que tener para que sea obligatorio?

Cincuenta o más trabajadores contratados en el sector privado. Algunas entidades de sectores concretos, como el financiero o el sujeto a prevención del blanqueo, están obligadas con independencia de su plantilla.

¿Puedo usar el canal que ya tenía por compliance penal?

Sí, siempre que se ajuste a los requisitos de la ley, según su disposición transitoria primera. Conviene revisar que tenga responsable, política, procedimiento y protección del informante, y completarlo si falta algo.

¿Quién puede ser el responsable del canal?

Una persona física o un órgano colegiado, según el artículo 8. Debe poder actuar con independencia y gestionar el sistema siguiendo el procedimiento aprobado.

¿Qué pasa si mi empresa debe tenerlo y no lo tiene?

Es una infracción muy grave, con multas que para una persona jurídica van de 600.001 a 1.000.000 € en su grado máximo. Lo recomendable es implantarlo cuanto antes y dejar documentado el proceso.

Fuentes

Recomendaciones

Este artículo se ha elaborado con ayuda de herramientas de inteligencia artificial y ha sido revisado por el equipo jurídico de Cumpleo. Su contenido es informativo y general, refleja la normativa vigente en la fecha de publicación y no sustituye el asesoramiento profesional sobre un caso concreto. Si quieres saber qué obligaciones tiene tu empresa, haz nuestra auditoría gratuita en cumpleo.com/auditoria (3 minutos).

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