Protocolo contra el Acoso Laboral (Mobbing)

El acoso laboral o mobbing es un patrón de conductas hostiles, reiteradas y sistemáticas dirigidas contra un trabajador con el objetivo de degradar su ambiente de trabajo o forzarlo a abandonar la empresa. Se diferencia del conflicto laboral ordinario en que requiere reiteración, intencionalidad y un efecto dañino demostrable. Las conductas típicas incluyen la asignación de tareas degradantes, el aislamiento social, la difusión de rumores, la crítica constante injustificada y la negación de información necesaria para el trabajo.

Sí. El artículo 4.2 del Estatuto de los Trabajadores reconoce el derecho de todos los trabajadores a no ser víctimas de acoso laboral, y la Ley 31/1995 de PRL obliga a las empresas a prevenir los riesgos psicosociales, entre los que se incluye el mobbing. Esto aplica a todas las empresas sin excepción de tamaño. Además, la Ley 2/2023 obliga a muchas empresas a contar con un canal de denuncias que puede usarse también para reportar situaciones de acoso laboral.

El acoso laboral consiste en conductas hostiles reiteradas por motivos no relacionados con el sexo: marginación, humillación, sobrecarga injustificada o aislamiento. El acoso sexual se basa en conductas de naturaleza sexual no deseadas. Ambos requieren protocolos específicos e independientes. Tener un protocolo contra el acoso sexual no exime de contar también con una política contra el mobbing — son dos obligaciones distintas.

Sí. La empresa tiene responsabilidad con independencia de quién cometa el acoso, ya sea un superior o un compañero. Si no ha adoptado medidas preventivas, no ha actuado ante una denuncia o no ha protegido a la víctima, puede ser sancionada con multas de hasta 225.000€ e incurrir en responsabilidades civiles. En casos graves, también pueden derivarse responsabilidades penales para los administradores.

Ante una denuncia, la empresa debe actuar con inmediatez: acusar recibo de forma confidencial, adoptar medidas cautelares para proteger a la persona denunciante, abrir un procedimiento de investigación con una comisión imparcial, recabar testimonios y pruebas con garantías para todas las partes, y emitir una resolución con las medidas disciplinarias correspondientes. Sin un protocolo previo que regule todo este proceso, la empresa no sabe cómo actuar y asume un riesgo legal enorme.

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